El magistrado de la Audiencia Nacional al frente del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha reactivado la investigación sobre la presunta adjudicación irregular de la construcción de los campos de golf del Canal de Isabel II en el marco del caso Lezo y lo ha hecho interrogando a dos de los principales imputados en la causa, Ildefonso de Miguel y Adrián Martín. Ambos, exgerentes de la empresa pública madrileña de aguas, han negado irregularidades en la construcción de este proyecto que fue a parar a una UTE relacionada con Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González.
Fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por este diario explican que los dos exdirectivos del Canal comparecieron este martes en la Audiencia Nacional a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que indaga si el consorcio Green Canal Golf -integrado entre otras por una empresa participada por Pablo González- era la mejor oferta que licitaba a este ambicioso proyecto ubicado en el madrileño barrio de Chamberí o, por el contrario, se vio beneficiado por la mediación de Ignacio González, entonces vicepresidente del gobierno regional de Esperanza Aguirre.
Al respecto, dos de los máximos dirigentes del Canal en el momento de la adjudicación, que se remonta al año 2007, han declarado en calidad de investigados que el Consejo de Administración dio el visto bueno por unanimidad a esta operación basándose en el criterio de los técnicos y que no tenían relación alguna con Tecnoconcret, la mercantil administrada por Pablo González, el cual también está investigado en esta pieza número dos del caso Lezo.
Propuesta de Esperanza Aguirre
Tanto Ildefonso de Miguel como Adrián Martín, que han respondido a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de sus defensas, han negado presiones por parte del Ejecutivo presidido entonces por Esperanza Aguirre. Sí han mencionado a la exlíder regional para apuntar que este proyecto consistente en la creación de dos campos de golf en los terrenos del Canal nació a propuesta suya.El magistrado que empezó investigando esta macrocausa, Eloy Velasco, acordó el ingreso en prisión provisional de estos acusados así como de Ignacio González alegando que desde la cúpula del Canal se saltaron los criterios establecidos en la adjudicación a la Unión Temporal de Empresas (UTE).
De hecho, en el auto por el cual acordó prisión provisional para el principal acusado de la red, Velasco expuso que el proyecto fue a parar al consorcio de Green Canal Golf pese a que hubo una oferta mejor de otro licitador que consiguió más puntos por parte de la mesa de contratación. El magistrado apuntó que González, entonces presidente del Consejo de Administración del Canal, intercedió en la operativa declarando las obras de interés general para sortear así las restricciones que pesaban desde el Ayuntamiento por no cumplir con la normativa de urbanismo.
Ingresos de más de medio millón de euros
De acuerdo con el auto del magistrado, el consorcio abonó entre los ejercicios 2007 y 2012 un total de 623.000 euros, si bien el principal acusado del caso, Ignacio González, negó durante su intervención en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid haber actuado en beneficio de cualquier familiar suyo de cara a favorecerle en la concesión de este proyecto que inicialmente consistió en parques públicos, un campo de fútbol y un pequeño helipuerto.
Ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha reactivado una de las piezas más destacadas del caso Lezo con unos interrogatorios que continúan este miércoles. De este modo, están citados a declarar en la Audiencia Nacional los técnicos del Canal Manuel Gámez y María Luisa Carrillo para que expliquen las valoraciones que se hicieron desde la Mesa de Contratación de la UTE, participada por el hermano de Ignacio González así como por su cuñado Juan José Caballero, para quien el magistrado Eloy Velasco también dictó prisión provisional tras el estallido de esta causa de corrupción en abril de 2017.